La figura del Compliance Officer (Oficial de Cumplimiento, en castellano) apareció originalmente en los mercados financieros altamente regulados y en el sector farmacéutico, como una función encargada de vigilar el debido cumplimiento de la extensa normativa que debían cumplir las empresas en esos sectores.

A raíz de los escándalos financieros corporativos de principios de los 2000 y posteriormente la promulgación de la Sarbanes-Oxley Act en 2002 en los Estados Unidos de América, se comenzó a designar a esta figura como una especie de intendente para garantizar el cumplimiento normativo dentro de la empresa, con cada vez mayor injerencia en las decisiones del negocio.

En España, la figura del Compliance Officer fue importada primordialmente de los países de habla inglesa, como una función de las empresas internacionales que se veían obligadas a cumplir con regulaciones extranjeras o políticas internas donde ya se exigía esta función.

Ni la reforma al Código Penal del año 2010 ni la reciente modificación que entró en vigor el 1 de julio de 2015, se refieren específicamente al Compliance Officer. Sin embargo, sí establece esta última la obligación de cumplir con un deber de supervisión o vigilancia que tácitamente se resume en el cargo en cuestión; ello como condición sine qua non para hacer valer la exención de la responsabilidad penal de la empresa en el supuesto en que se concrete un delito que la genere.

Se trata entonces de un cargo que no está regulado expresamente en el marco jurídico español, pero que ejerce unas funciones que son de obligatorio cumplimiento para la prevención de riesgos penales. Es por ello que las empresas deben definir claramente cuál es el rol que jugará el Compliance Officer, estableciendo sus responsabilidades y por encima de todo dotándolo de las atribuciones suficientes para que pueda ejercer la función encomendada que no es otra que la supervisión o vigilancia respecto al cumplimiento normativo de la empresa.

El desarrollo de estas especialidades permite a las empresas disponer de un asesoramiento recurrente en su actividad, no solo en los aspectos formales de la propia sociedad, sino también durante el ejercicio de la misma, tales como la elaboración, revisión y negociación de contratos.

Contamos con un equipo multidisciplinar que permite ofrecer un servicio de asesoramiento integral, complementando en este caso, el área mercantil con el departamento de contabilidad y laboral.